La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó que: “La violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afrodescendientes, debido a que están particularmente expuestas al menoscabo de sus derechos por causa del racismo”. Asimismo, señala que: “Los obstáculos que enfrenta para acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos que remedien las violaciones sufridas, pueden ser particularmente críticos porque sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser mujeres, por su origen étnico racial y/o por su condición socioeconómica, por lo que resulta indispensable poner en práctica iniciativas de recopilación de información, entre ellas estadísticas, investigaciones y estudios, que reflejen las necesidades especiales de estas mujeres para facilitar el ejercicio y la garantía de sus derechos dentro de la administración de justicia, así como para servir de base para la formulación de políticas públicas –culturalmente pertinentes– orientadas hacia la prevención, sanción y erradicación de actos de violencia y discriminación perpetrados contra ellas, lo que constituye un desafío. [...] los Estados carecen de una visión y de una política integral institucionalizada para prevenir, sancionar, investigar y reparar actos de violencia contra las mujeres y observa con gran preocupación la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres y que esta ineficacia se vincula, entre otros aspectos, a la existencia de patrones socioculturales discriminatorios. Estas declaraciones evidencian la existencia de una problemática no revelada: las dificultades que encuentran las mujeres indígenas en su acceso a la justicia. Este estudio se justifica en la necesidad de identificar los nudos, las causas y las consecuencias de estas particularidades, que permitan formular propuestas tendientes a una solución. El estudio requirió además mejorar la capacidad instalada de las organizaciones de mujeres indígenas a fin de fortalecer acciones de defensa y protección de sus derechos, así como su capacidad de incidencia, negociación y cabildeo para generar la adecuación en el ámbito interno (legislación positiva, políticas públicas, monitoreo de tratados, presupuesto de inversión social) de los compromisos asumidos por los Estados en los tratados internacionales de derechos humanos (generales y específicos).