El Estado ecuatoriano ha recibido en su territorio a un número significativo de personas que llegan en búsqueda de protección internacional, siendo principalmente población colombiana que huyendo de las consecuencias del conflicto armado, ha solicitado refugio en nuestro país. La respuesta del Estado no puede limitarse al reconocimiento formal del status de refugio, sino que debe extenderse a una serie de medidas que garanticen por un lado, el ejercicio efectivo de los derechos derivados de tal reconocimiento y por otro lado, asegurar que tales personas puedan ejercer sin obstáculo alguno los derechos establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La presencia de la población refugiada en el país, no está ausente de conflictos de diversa naturaleza que deben ser resueltos por las instituciones del Estado, de tal forma que se posibilite una convivencia solidaria con la población ecuatoriana y al mismo tiempo se garantice el respeto de los derechos humanos para todos los habitantes. Una de las demandas de la población refugiada en los últimos años, es el acceso a los servicios que ofrecen el sistema financiero, como un mecanismo para mejorar sus condiciones de vida en este país, sin embargo pese a las acciones impulsadas por diversas organizaciones, no ha sido posible vencer las limitaciones establecidas para las personas refugiadas.