El presente trabajo tiene como objetivo evidenciar que la transición del control semi-concentrado profundamente arraigado en el derecho mexicano hacia un sistema con características de control difuso enfrenta serias dificultades tanto históricas como prácticas. Esto se debe a que la estructura del Estado, y en particular la del Poder Judicial, ha sido configurada bajo un modelo de control centralizado, con instituciones diseñadas en consonancia con dicho esquema. Por lo tanto, este cambio no puede lograrse mediante una simple reinterpretación, sino que requiere una serie de replanteamientos constantes y estructurales.