De acuerdo con la información analizada, la mayoría de las más de 82,000 detenciones realizadas bajo el estado de excepción constituyen detenciones arbitrarias según el derecho internacional y los estándares desarrollados por el mismo WGAD. En muchos de estos casos no existe fundamento legal para la detención, en otros las personas detenidas están incomunicadas, y en algunos hay una negativa por parte de las autoridades penitenciaras a ejecutar órdenes de libertad emitidas por un juez o jueza. También se les considera detenciones arbitrarias ya que carecen de garantías al debido proceso, tales como la violación al principio de presunción de inocencia, el uso de la prisión preventiva de oficio y la violación al derecho a la defensa penal y a la igualdad de armas, entre otras.