La Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico es el parámetro y la guía de toda la actividad estatal, en especial, a través de los derechos fundamentales como límites del poder estatal. Por esta razón, la pandemia ocasionada por la enfermedad covid-19 supuso una situación extraordinaria especialmente desafiante, pues el combate y contención del virus no solamente trastocó la vida política y social de muchos países, sino que puso a prueba la estructura normativa del Estado constitucional en todos sus ámbitos y sometió a las instituciones democráticas a situaciones sin precedentes. La pandemia agudizó varios problemas sociales y económicos permanentes y, muchos de ellos, naturalizados: la insuficiencia de la capacidad hospitalaria instalada, y de salud en general, para atender a los pacientes infectados con el virus, la pérdida de empleos y, en consecuencia, de ingresos, y los riesgos laborales potenciados para quienes tuvieron que seguir saliendo a trabajar son sólo algunos de ellos.