Siendo un documento destinado a las y los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, es importante destacar el derecho que los indígenas tienen de acceder plenamente a la justicia que imparte el Estado. Este derecho además de ser directamente exigible a los juzgadores, magistrados y trabajadores administrativos del Poder Judicial, es también el medio para garantizar otros derechos reconocidos, así como reparar daños y sancionar a los responsables de la violación de los mismos. El Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas busca ser una herramienta que, de manera respetuosa de la autonomía e independencia judicial, auxilie a las y los juzgadores en la tarea de impartir justicia a los miembros de los pueblos indígenas u originarios de México, adecuándose a los más altos estándares nacionales e internacionales, tal como lo marca el artículo 1º de la CPEUM.