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Existe hoy un extendido y, a la vez, curioso consenso en América latina: la respuesta que el Estado da a las personas menores de edad a quienes se imputa la comisión de delitos es inadecuada; sin embargo, a poco que se indaga respecto de por qué es inadecuada y -en consecuencia-respecto de en qué sentido debería transformarse la justicia juvenil, ese llamativo consenso desaparece y es reemplazado por posiciones irreconciliables tanto en las causas y fines que explican y motivan la necesidad del cambio, como en los medios para concretarlo.