Desde el año 2007, el Estado dominicano ha aplicado una política de desnacionalización dirigida a personas dominicanas de ascendencia haitiana, a través de la Junta Central Electoral con la promulgación de la Resolución 012-07. Entrevistamos a 15 personas afectadas que ya habían sido reconocidas por el Estado como personas dominicanas, pero de la noche a la mañana ven sus vidas suspendidas por dicha Resolución. Esta situación ha afectado a miles de jóvenes no solo en el ámbito legal -incluyendo derechos como el de la educación, el trabajo, el libre tránsito, ejercer el derecho al voto - sino también en el ámbito emocional –en sus relaciones familiares, sentimientos generados a partir de la humillación por parte de los/as oficiales de la JCE, entre otros-.